La decisión le costará a las arcas públicas unos $ 500 millones entre junio y septiembre, de acuerdo con la estimación de costos fiscales que hacen en el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido.
El vocero de esa cartera, Horacio Mizrahi, informó a la agencia gubernamental Télam que “las tarifas van a ser las mismas que se aplicaron en el 2009” y remarcó que “no está prevista ninguna modificación del cuadro tarifario”, al tiempo que se mantendrá el esquema de subsidios aplicado en el invierno pasado a las tarifas de gas y luz.
Esos fondos de destinarán a cubrir los costos adicionales que ocasionan la importación de gas desde Bolivia, a un precio casi tres veces mayor al que se le paga a los productores argentinos, y las compras del fluido a mercados de ultramar, que llegan al país a través del barco regasificador anclado en Bahía Blanca. A través del decreto 2067 el Gobierno había reducido los subsidios a esas compras. En el caso eléctrico, los consumidores, más aún los residenciales, pagan un tercio de lo que cuesta producir la energía. Una parte de los fondos se destinarán a mantener esa situación en los meses de mayor demanda.
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